Credit Pierre-Philippe Marcou/Agence France-Presse — Getty Images |
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MADRID — Hace cinco años, Bélgica alcanzó una dudosa notoriedad cuando pasó 589 días sin elegir su gobierno. Aunque España aún no supera el récord belga, va hacia allá.
España ha iniciado su quinto mes sin gobierno pero es muy probable que pase un semestre o más en el limbo político; muchos analistas ya predicen que los españoles podrían superar a los flamencos y valones en la categoría de discordia política.
MADRID — Hace cinco años, Bélgica alcanzó una dudosa notoriedad cuando pasó 589 días sin elegir su gobierno. Aunque España aún no supera el récord belga, va hacia allá.
España ha iniciado su quinto mes sin gobierno pero es muy probable que pase un semestre o más en el limbo político; muchos analistas ya predicen que los españoles podrían superar a los flamencos y valones en la categoría de discordia política.
En estos días, “circo” es una palabra que se escucha mucho cuando se habla de política.
Después de que en la elección de diciembre no hubo un claro ganador debido a la dispersión de votos entre los cuatro partidos principales, esas organizaciones han fallado al negociar un gobierno de coalición. Mientras los políticos se pelean sin cesar, el único consenso es que el país ha entrado en aguas desconocidas.
Mariano Rajoy, el presidente en funciones, se aferra a su cargo después de rechazar una oferta del Rey Felipe VI para formar un gobierno. Sus ministros se niegan a reconocer al congreso que resultó de las elecciones o incluso a negociar con los legisladores. El nuevo congreso ha llevado al gobierno a los tribunales por no reconocer su legitimidad y, a su vez, tampoco reconoce la legitimidad de Rajoy.
Así están las cosas.
No se suponía que sucediera esto. Una nueva generación de líderes políticos había prometido que el voto de diciembre podría marcar el comienzo de un periodo de cambio y reformas constitucionales.
Sin embargo, España está al borde de la crisis constitucional. El orden del día es la esclerosis institucional, una gran cantidad de posturas y “por lo general, un momento de gran confusión”, dijo Rubén Amón, columnista del diario El País.
“Los políticos han proyectado la mala imagen de que todos los líderes de los partidos han puesto su supervivencia personal por encima del interés general”, comentó Amón.
No se trata de que la percepción pública de los políticos pudiera sufrir menos en un país donde prácticamente todos los partidos se han visto involucrados en escándalos de corrupción en los últimos años. Pero el debilitamiento de la fe de los españoles en sus instituciones políticas puede ser lo único que se ha logrado desde inicios de este año.
El debate parlamentario de este mes es una muestra de la crisis. Se suponía que la sesión del 6 de abril le daría a los legisladores la oportunidad de desafiar a Rajoy al cuestionarle por qué su gobierno apoyó el polémico acuerdo de la Unión Europea que devolverá a Turquía a los refugiados no deseados.
Pero las consideraciones humanitarias rápidamente dieron paso a las tensiones personales entre los líderes de los dos partidos emergentes de España: Albert Rivera, de Ciudadanos, y Pablo Iglesias, de Podemos.
Los dos hombres, ambos en sus treintas, se han presentado como la nueva generación de políticos españoles. Pero esta nueva generación se parece un poco a la anterior, ya que se lanzaron acusaciones de amiguismo [...].
Cuatro de sus ministros se han negado a comparecer ante las comisiones parlamentarias para defender las recientes decisiones, con el argumento de que un gobierno solo tiene que responder ante un congreso que haya sido elegido y no ante una asamblea cuyas posibilidades de supervivencia son escasas [...].
Después de que en la elección de diciembre no hubo un claro ganador debido a la dispersión de votos entre los cuatro partidos principales, esas organizaciones han fallado al negociar un gobierno de coalición. Mientras los políticos se pelean sin cesar, el único consenso es que el país ha entrado en aguas desconocidas.
Mariano Rajoy, el presidente en funciones, se aferra a su cargo después de rechazar una oferta del Rey Felipe VI para formar un gobierno. Sus ministros se niegan a reconocer al congreso que resultó de las elecciones o incluso a negociar con los legisladores. El nuevo congreso ha llevado al gobierno a los tribunales por no reconocer su legitimidad y, a su vez, tampoco reconoce la legitimidad de Rajoy.
Así están las cosas.
No se suponía que sucediera esto. Una nueva generación de líderes políticos había prometido que el voto de diciembre podría marcar el comienzo de un periodo de cambio y reformas constitucionales.
Sin embargo, España está al borde de la crisis constitucional. El orden del día es la esclerosis institucional, una gran cantidad de posturas y “por lo general, un momento de gran confusión”, dijo Rubén Amón, columnista del diario El País.
“Los políticos han proyectado la mala imagen de que todos los líderes de los partidos han puesto su supervivencia personal por encima del interés general”, comentó Amón.
No se trata de que la percepción pública de los políticos pudiera sufrir menos en un país donde prácticamente todos los partidos se han visto involucrados en escándalos de corrupción en los últimos años. Pero el debilitamiento de la fe de los españoles en sus instituciones políticas puede ser lo único que se ha logrado desde inicios de este año.
El debate parlamentario de este mes es una muestra de la crisis. Se suponía que la sesión del 6 de abril le daría a los legisladores la oportunidad de desafiar a Rajoy al cuestionarle por qué su gobierno apoyó el polémico acuerdo de la Unión Europea que devolverá a Turquía a los refugiados no deseados.
Pero las consideraciones humanitarias rápidamente dieron paso a las tensiones personales entre los líderes de los dos partidos emergentes de España: Albert Rivera, de Ciudadanos, y Pablo Iglesias, de Podemos.
Los dos hombres, ambos en sus treintas, se han presentado como la nueva generación de políticos españoles. Pero esta nueva generación se parece un poco a la anterior, ya que se lanzaron acusaciones de amiguismo [...].
Cuatro de sus ministros se han negado a comparecer ante las comisiones parlamentarias para defender las recientes decisiones, con el argumento de que un gobierno solo tiene que responder ante un congreso que haya sido elegido y no ante una asamblea cuyas posibilidades de supervivencia son escasas [...].
Raphael Minder, The New York Times, 27 de abril de 2016
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