Secretario general de Fuerza Popular niega investigación que le hace la DEA, pero en el Perú la fiscalía de lavado de activos ha resuelto investigar a toda su familia por compra de propiedades con fondos de origen sospechoso.
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La candidata presidencial Keiko
Fujimori despacha en una vivienda en la calle Bucaré, que se
encuentra bajo investigación
por lavado de activos contra el secretario general fujimorista
Joaquín
Ramírez.
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El secretario general de Fuerza Popular, congresista y financista de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez Gamarra, acusó a la prensa de haber montado un “psicosocial” en su contra, en alusión al reportaje de la cadena norteamericana Univisión sobre una investigación que le sigue la agencia de lucha antidrogas estadounidense (DEA) por presunto lavado de activos [...].
Lo que no dijo es que desde 2014 las autoridades locales lo investigan por lavado de activos. Y que el caso se encuentra inexplicablemente estancado.
En efecto, desde que la ex procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe Trujillo, denunció ante el Ministerio Público a Joaquín Ramírez Gamarra, el 9 de setiembre de 2014, y el fiscal Marco Antonio Cárdenas resolvió iniciar investigación, el 3 de diciembre del mismo año, hasta ahora no se le ha levantado el fuero parlamentario al congresista fujimorista como corresponde.
La responsabilidad recae en la fiscal Rosana Villar Ramírez.
El 19 de octubre de 2015, la fiscal Villar solicitó a la Sala Penal Nacional que gestione ante el Congreso el levantamiento del fuero a Ramírez.
Pero su pedido fue rechazado por un formulismo legal, lo que benefició al secretario general de Fuerza Popular.
La Sala Penal Nacional arguyó entonces que en el requerimiento de la fiscal Rosana Villar no existía fundamento de que Joaquín Ramírez era parte de una organización criminal, lo que significaba que la investigación había concluido.
La fiscal Villar ha organizado una nueva estrategia. Ahora investiga a los familiares de Joaquín Ramírez para llevar adelante el caso ante el Poder Judicial. Entre estas personas se encuentran su esposa, Rosa Castañeda Cubas, y su hermano recientemente elegido congresista por Fuerza Popular, Osías Ramírez Gamarra, entre otros.
Para el fiscal Marco Antonio Cárdenas, quien acogió la denuncia de la ex procuradora de lavado de activo Julia Príncipe, existen contundentes indicios que ameritan someter a investigación a Joaquín Ramírez. Pero mientras este se escude en su condición de congresista, las pesquisas avanzarán poco o nada [...].
La fiscalía le atribuye a Ramírez un supuesto desbalance patrimonial que alcanza la cifra de US$ 7 millones.
El secretario general de Fuerza Popular, congresista y financista de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez Gamarra, acusó a la prensa de haber montado un “psicosocial” en su contra, en alusión al reportaje de la cadena norteamericana Univisión sobre una investigación que le sigue la agencia de lucha antidrogas estadounidense (DEA) por presunto lavado de activos [...].
Lo que no dijo es que desde 2014 las autoridades locales lo investigan por lavado de activos. Y que el caso se encuentra inexplicablemente estancado.
En efecto, desde que la ex procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe Trujillo, denunció ante el Ministerio Público a Joaquín Ramírez Gamarra, el 9 de setiembre de 2014, y el fiscal Marco Antonio Cárdenas resolvió iniciar investigación, el 3 de diciembre del mismo año, hasta ahora no se le ha levantado el fuero parlamentario al congresista fujimorista como corresponde.
La responsabilidad recae en la fiscal Rosana Villar Ramírez.
El 19 de octubre de 2015, la fiscal Villar solicitó a la Sala Penal Nacional que gestione ante el Congreso el levantamiento del fuero a Ramírez.
Pero su pedido fue rechazado por un formulismo legal, lo que benefició al secretario general de Fuerza Popular.
La Sala Penal Nacional arguyó entonces que en el requerimiento de la fiscal Rosana Villar no existía fundamento de que Joaquín Ramírez era parte de una organización criminal, lo que significaba que la investigación había concluido.
La fiscal Villar ha organizado una nueva estrategia. Ahora investiga a los familiares de Joaquín Ramírez para llevar adelante el caso ante el Poder Judicial. Entre estas personas se encuentran su esposa, Rosa Castañeda Cubas, y su hermano recientemente elegido congresista por Fuerza Popular, Osías Ramírez Gamarra, entre otros.
Para el fiscal Marco Antonio Cárdenas, quien acogió la denuncia de la ex procuradora de lavado de activo Julia Príncipe, existen contundentes indicios que ameritan someter a investigación a Joaquín Ramírez. Pero mientras este se escude en su condición de congresista, las pesquisas avanzarán poco o nada [...].
La fiscalía le atribuye a Ramírez un supuesto desbalance patrimonial que alcanza la cifra de US$ 7 millones.
Lupe Muñoz, La República, 18 de mayo de 2016
Ver artículo completo en La República:
Fiscalía investiga a Joaquín Ramírez por presunto lavado de US$ 7 millones
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